Aunque un juez extendió el pago de hoteles a desplazados de Puerto Rico hasta el 6 de agosto, la prórroga no es suficiente y se lucha judicialmente por una solución de largo plazo

Por: Roxana de la Riva

La boricua María Báez recientemente logró encontrar un hogar permanente de renta asequible en Kissimmee. Ella se desplazó a Florida en noviembre debido a la devastación que dejó el huracán María en Puerto Rico. La abuela y su nieto Christian llegaron al Estado del Sol sin tener ningún familiar o conocido. Su primer punto de llegada fue el centro de ayuda ante el desastre, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Allí la ayudaron para encontrar cuidado médico para su nieto y le proveyeron asistencia para pagar un cuarto de hotel.

Al poco tiempo solicitó alquiler en varios complejos de apartamentos de bajos costo en su área, con la asesoría de un administrador de casos de una iglesia metodista local. Pasó tiempo antes de lograrlo, pero Báez firmó ya contrato el 13 de julio y se mudó en un apartamento en Kissimmee. Ella pagará $512 con agua incluida. “Gracias a Dios ya tengo un apartamento y lo obtuve con la ayuda de un manager de la iglesia metodista”, dijo la abuela puertorriqueña desplazada que tiene la custodia de su nieto, de 5 años, que padece de parálisis cerebral y necesita cuidados a tiempo completo.

Sin embargo, no todos los boricuas desplazados han logrado encontrar vivienda costeable. De acuerdo con el congresista Darren Soto, hay unas 200 familias puertorriqueñas que siguen viviendo en hoteles y que están siendo atendidas en su oficina. Con él colaboran organizaciones locales que trabajan contra reloj, después que el gobierno de Puerto Rico ya no pidiera extensiones para los evacuados que viven en Estados Unidos continental.

Por eso algunas familias acudieron a la vía legal y demandaron a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), logrando que un juez extendiera hasta el 6 de agosto los cupones de pago de estadías bajo el programa Asistencia de Refugio Transitorio (TSA) administrado por FEMA. Se espera que la audiencia con el juez se realice el 1 de agosto y el juez emita una nueva determinación el día 6. El propósito de la demanda es que se active específicamente el Programa para Asistencia en Vivienda por Desastre (DHAP), una iniciativa de ayuda creada después del huracán Katrina para ayudar a los sobrevivientes mientras se recuperaban y podían ser autosuficientes.

Esta extensión del juez es un respiro momentáneo. Pero no es suficiente para resolver a largo plazo la situación de vivienda de cientos de familias boricuas evacuadas que siguen en hoteles y que al final de cuentas decidieron quedarse en Florida.

“No quieren activar el programa porque dicen que no funcionó, pero si vemos la cantidad de personas que siguen en los hoteles no es porque ellos no quieren tomar una opción, es que no tienen ninguna opción y la única otra opción que estas personas tienen es quedarse en la calle, sin vivienda. Sigue siendo un estado de emergencia”, aseguró Kira Romero, abogada de LatinoJustice PRLDEF, organización que lidera la demanda.

“No es necesario implementar el DHAP porque FEMA está abordando las necesidades de vivienda de alquiler en virtud de su programa Alquiler Directo, entre muchas otras opciones de vivienda. La asistencia de Alquiler Directo de FEMA brinda servicios similares a los sobrevivientes de desastres sin las complejidades adicionales de DHAP”, explicó en un comunicado Juan A. Rosado-Reynes, vocero de FEMA en Puerto Rico.

Según FEMA, la implementación de DHAP es lenta debido a la necesidad de entrar en un acuerdo interagencial con el Departamento de Vivienda federal y establecer acuerdos de subvención separados con cada autoridad de vivienda pública local para poder ejecutar el programa.

El programa de Alquiler Directo está disponible para los sobrevivientes elegibles en Puerto Rico o que regresen a la isla y ofrece alquiler directamente a los propietarios sin costo para los sobrevivientes, pero solo está vigente en la isla caribeña y no funciona en los estados del continente. FEMA agregó que desea trabajar con el Congreso en reformas legislativas para agilizar los programas de vivienda por desastre.

José Rodríguez, de la iglesia episcopal Jesús de Nazaret y miembro de Vamos4PR, dijo que el gobernador Rick Scott tiene el poder de ayudar a las personas desplazadas, pero que no ha respondido con compasión hacía las familias puertorriqueñas que muchas veces son gente con enfermedades, ancianos y madres solteras.

“Ellos lo perdieron todo, las familias que quedan en los hoteles hoy –está certificado, probado, y no hay duda– en Puerto Rico no tienen techo. Nosotros no queríamos luchar en las cortes, pero el gobierno no nos responde, tristemente tenemos que ir a las cortes y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a estas familias, estos seres humanos merecen vivienda. El país más poderoso del mundo se olvida de sus ciudadanos americanos”, agregó Rodríguez.

El congresista Soto se reunió recientemente con la comunidad del Caribe en Florida Central para hablar de iniciativas de ayuda en desastres, entre otros temas, y aseguró que continuará presionando junto con el senador Bill Nelson para proveer más fondos para programas de vivienda como DHAP, que se han usado en el pasado para proveer vivienda a los damnificados por los huracanes Katrina y Sandy.

“Ya encontramos hogares para cientos de familias, pero hay más o menos 70 familias de los condados de Osceola y Orange con las que todavía estamos trabajando en mi oficina en para encontrarles vivienda, En total son como 200 familias que junto a otras organizaciones estamos atendiendo y no vamos a descansar hasta que todas las familias tengan su vivienda”, dijo el congresista de origen puertorriqueño.

Mientras Maribel Cordero, coordinadora del programa Proyecto Casa, explicó que han atendido a unas 200 personas en la búsqueda de vivienda por medio de referidos a la Iglesia Metodista y United Way, organizaciones que tienen fondos para ayudar con el depósito de la luz y agua y un mes de renta.

“Hay como 70 familias que siguen buscando vivienda y son ancianos y quienes están incapacitados por problemas de salud, que solo tienen un ingreso de retiro del seguro social y no pueden pagar una renta al precio normal y hay que buscarle una renta acomodada a su ingreso, estamos trabajando con ellos”, aseguró Cordero.