Entidades cívicas y líderes gubernamentales reaccionaron a la decisión de un juez federal que negó la solicitud para extender el de programa de Asistencia de Refugio de Transición (TSA, siglas en inglés) a los puertorriqueños desplazados por el huracán María que se han relocalizado a hoteles de Florida Central.
“Estoy destrozado”, admitió el padre José Rodríguez, quien por los últimos 10 meses ha estado ayudando a las familias afectadas a través de la Iglesia Episcopal Jesús de Nazaret en Orlando. “El mismo juez dice que es inhumano. Es injusto. La única razón por la que negó la extensión es que no estaba en sus manos arreglar esta injusticia”, aseveró el sacerdote.
El Juez de Distrito de los EE. UU. Timothy Hillman indicó que las personas que aún permanecen en hoteles y moteles bajo el programa de TSA de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) perderán el beneficio el 13 de septiembre. “En 14 días estas familias van a quedar sin techo y la única persona que puede hacer algo es FEMA”, señaló el padre Rodríguez. “Estas familias perdieron todo y ahora van a perder sus hogares en Florida”.
Es una realidad para Jaykarey Skerett, quien ha estado viviendo en un hotel de Kissimmee desde que llegó de Puerto Rico en noviembre de 2017. “Tengo tres hijos y otro en el camino que me necesita y que necesita un hogar estable después de tantos meses en la incertidumbre”, declaró Skerett en comunidado de prensa. “Hemos estado trabajando tan arduamente con las otras familias para obtener la ayuda que necesitamos y ayudarnos unos a otros, este es un gran golpe emocional cuando estamos tratando de recuperarnos”.
La noticia se da a la par con la publicación de un estudio independiente de la Universidad George Washington que asegura que 2,975 personas fallecieron en los seis meses después de María. La cifra sobrepasa las fatalidades causadas por el huracán Katrina en 2005. “Los sobrevivientes de otros huracanes recibieron 12 meses de ayuda. A los sobrevivientes de María los están sacando ya a la calle. Hemos aprendido que las muertes subieron a más de 3,000 personas. Eso enseña lo devastador que fue este huracán”, expresó el líder religioso, quien pertenece a la junta directiva de VAMOS4PR.[El Sentinel noticias] Activistas quieren honrar a latino y cambiar polémico nombre de escuela en Orlando »
Por su parte, el congresista Darren Soto, quien ha trabajado con muchas de las familias desplazadas dijo que “La noticia es muy desalentadora. Sin embargo, el problema real es el fallo de [Donald] Trump que fracasó en responder de forma rápida y adecuada con un fondo de alivio a desastres para Puerto Rico, tras el huracán María. Ahora sabemos que casi 3,000 vidas americanas se perdieron en Puerto Rico”, señaló. ‘Continuaremos luchando para que el congreso apruebe un Programa de Asistencia de Vivienda Directa que provea un techo a largo plazo”, acotó el representante de ascendencia boricua reiterando su compromiso con todos los puertorriqueños desplazados que están en Florida.
“Si bien Florida no tiene la autoridad para extender este programa federal, el Gobernador se mantiene esperanzado de que el gobierno federal y el gobernador Rosselló continúen trabajando juntos en soluciones para ayudar a estas familias. El gobernador Scott ha continuado haciendo todo lo posible para garantizar que los recursos estatales estén disponibles para ayudar a las familias necesitadas. El Gobernador también ha hablado muchas veces con funcionarios de Puerto Rico y el gobierno federal. Continuará luchando por cada familia en Florida”, dijo En declaraciones escritas a El Sentinel, Mara Gambineri, directora adjunta de comunicaciones del gobernador Rick Scott.
VAMOS4PR, alzó su voz con críticas y señalamientos que incluyen a la agencia federal, el gobernador de Florida y el gobernador de Puerto Rico. “Rosselló, al igual que otros funcionarios como el gobernador de Florida, Rick Scott, se mofa de las necesidades de los puertorriqueños afectados por María, pero se quedan de brazos cruzados cuando se trata de obtener la ayuda que realmente necesitan”, declaró en comunicado de prensa Julio López Varona, Director de Campañas de Dignidad Comunitaria en el Centro para la Democracia Popular, una de las organizaciones aliadas a VAMOS4PR.
“En su decisión, el juez Hillman menciona varias veces que el gobernador Rosselló no ha solicitado una extensión de la ayuda. Y sabemos que cuando el gobernador Rosselló hizo esas solicitudes en el pasado, fue principalmente porque las familias desplazadas y sus aliados lo empujaron a abordar esta vergonzosa situación”, puntualizó López.[El Sentinel noticias] El dúo puertorriqueño Jowell & Randy actuará en la Noche Latina de Orlando Magic »
El Sentinel contactó a la oficina del primer mandatario de Puerto Rico para una declaración, sin embargo, al cierre de este artículo no se recibió respuesta.
Desafortunadamente el juez ordenó que el programa se caduque, se termine, terminando el 13 de septiembre”, destacó Kira Romero-Craft, abogada de LatinoJustice.
“Obviamente estamos con un sentimiento muy grande de no poder extender esta oportunidad para nuestras familias puertorriqueñas. Sabemos que las familias puertorriqueñas igual en Florida, Massachusetts, Nueva York, permanecen en los hoteles porque no hay mejores opciones, porque el gobierno no le dio las oportunidades como se hizo en Texas, como se hizo después del huracán Katrina”, destacó Romero-Craft.
“Estas familias no tienen mejores opciones. Ellas están buscando desde el primer día que llegaron a sus ciudades otras opciones pero no las hay”, añadió. “En este estado no hay vivienda asequible”, criticó. “Eso es algo que ningún ciudadano, ningún residente debe aceptar”.
Desde que TSA se puso a disposición de las personas desplazadas por el huracán María, 7,032 familias han estado viviendo en hoteles en varios estados y en Puerto Rico, y hasta el 5 de julio, 1,006 solicitantes elegibles permanecían en los hoteles participantes de la TSA.
La decisión federal afecta a un total de 1,038 solicitantes de un total de 7,036 familias que originalmente estaban hospedadas en hoteles alrededor de EEUU y Puerto Rico.
De esta cantidad, 322 familias participan actualmente bajo el programa TSA en el estado de Florida. A mediados de julio había 331, lo que significa que solo 9 familias han logrado salir.