Los puertorriqueños del centro de Florida exigieron hoy el centro de Florida, al gobernador Ricardo Rosselló, de visita en Washington, que rechace el plan para atajar la crisis económica y “ponga primero al pueblo”.

Con banderines y pancartas, en medio de un intenso calor y acordes de guitarras, los manifestantes realizaron una marcha hasta la sede regional de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) para pedir al gobernador de la isla, Ricardo Roselló, que exija modificaciones al plan de reestructuración de la deuda, que asciende a unos 70.000 millones de dólares.

La marcha, organizada por la red de organizaciones comunitarias, culturales, religiosas y laborales Vamos4PR, fue una replica de las que se realizaron hoy en ciudades como Chicago, Boston, Seattle, Nueva York, entre otras.

“Poco después de llegar a la gobernatura, Ricardo Roselló desmanteló la comisión de auditoría independiente, el único instrumento que promovía el interés del pueblo puertorriqueño”, dijo Wanda Ramos, representante de Vamos4PR en Florida.

“Esa comisión solo llegó a realizar una auditoría preliminar de la deuda”, añadió la mujer, que fue parte del centenar de personas que llegaron hasta las oficinas de PRFAA en Kissimmee, al sur de Orlando, para pedir que se “ponga al pueblo por encima de los intereses de los acreedores de los fondos de inversiones de riesgo”.

Para el pastor José Rodríguez la crisis que atraviesa Puerto Rico ha colocado a este pueblo en un estado de “esclavitud económica” y está propiciando que se cierren hospitales y escuelas, según dijo a Efe.

La Junta Supervisora Fiscal, creada en 2016, aprobó un plan económico que contempla el cierre de escuelas y otros centros de servicios comunitarios en Puerto Rico y que, según Ramos, deja a los puertorriqueños “lisiados”, sin los servicios básicos de salud y educación.

El director de PRFAA, Luis Figueroa, mantuvo un breve encuentro con los participantes de la marcha, a quienes agradeció por “llevar este mensaje de conciencia sobre Puerto Rico”, y aseguró que su gobierno está “abierto a conversar”.

“Lo que está pasando es una crisis económica, resultado de años de una mala administración que no se va a resolver de inmediato”, dijo a Efe Figueroa.

El director de PRFAA defendió que Roselló trabaja para mejorar la economía y evitar la pérdida de empleos.

“La junta está pidiendo la eliminación de puestos de trabajos que se dice afectaría a unos 45.000 personas, pero el gobernador no contempla recortes de empleados públicos”, aseguró.

Los manifestantes exigieron a Roselló que no imponga más medidas de austeridad, solicitaron un aumento del presupuesto fiscal y que otorgue prioridad al Medicaid y el Medicare. Pidieron además que el gobierno de la isla respete el derecho de los trabajadores y que financie adecuadamente el fondo de pensiones.

A raíz de la crisis financiera que sufre la isla, miles de puertorriqueños han abandonado su país y la región central de Florida se ha convertido en punto de destino, en donde, según datos de PRFAA, solo el año pasado llegaron un promedio de 90 familias cada día.

“Cuando vi lo que estaba pasando en las escuelas en Puerto Rico y que no podría obtener la educación que yo necesitaba le pedí a mis padres que me dejaran venir a vivir a Orlando”, dijo a Efe Jaymary Ramos Quiñones, un estudiante de secundaria de 18 años que emigró a Florida sin la compañía de sus padres.

“Atacar la educación y no tener maneras de encontrar un trabajo quiere decir para jóvenes como yo que, por más que nos duela dejar a la isla, allí no tenemos un futuro”, agregó este joven que se sumó a la manifestación.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, compareció hoy en el Congreso, en Washington, para pedir que se mantengan los fondos para Medicaid hasta 2020 para la isla, y modificar el plan de reestructuración de deuda para que los puertorriqueños sean tratados en “igualdad” y dejen de emigrar.

En una jornada de comparecencias en el Capitolio, Roselló se centró en pedir modificaciones al plan de reestructuración y reformas, y expuso las carencias del Acuerdo de Reestructuración (RSA, en sus siglas en inglés), que entró en vigor a finales de 2015 para establecer un camino hacia la reestructuración de la deuda.

Puerto Rico, Estado Libre asociado de Estados Unidos, no ha podido acogerse a las leyes de protección de bancarrota a la que tienen acceso administraciones locales estadounidenses y sigue negociando con acreedores una salida a la crisis de deuda.